El Proceso de Quito, un espacio de diálogo para los Estados huéspedes

Resumen

En 2018 once países de América Latina y el Caribe firmaron la declaración conjunta a partir de la cual se creaba uno de los espacios regionales de diálogo más relevante de las últimas décadas, el Proceso de Quito. Pensado como iniciativa intergubernamental de carácter técnico, se conformó para consensuar mecanismos y compromisos no vinculantes entre los países de América Latina y el Caribe, con el ánimo de coordinar esfuerzos y acciones conjuntas para responder a la crisis de migrantes y refugiados venezolanos que desafía desde mediados de la década pasada a toda la región. Sin embargo, un análisis más agudo de esta iniciativa permite identificar indicios que dejan entrever elementos estructurales constitutivos de lo que en los estudios internacionales de seguridad se denominan complejos de seguridad regional. Estos artefactos tienen por objetivo primario desplegar una serie de mecanismos de contención basados en el control extraterritorial de espacios físicos y geográficos a partir del rol que cumplen dentro de estos dispositivos los Estados nacionales que lo integran, denominados a tales efectos Estados huéspedes.

A continuación se desplegarán una serie de consideraciones originales en torno al Proceso de Quito, para lo cual se utilizarán enfoques teóricos usualmente procedentes de los estudios globales de seguridad, exponiendo de este modo el revés de la trama de este relevante espacio de diálogo que países desarrollados, agencias internacionales y múltiples cooperantes han impulsado y estimulado, pero que hoy no muestra su mejor versión. Más allá de los debes que el Proceso de Quito presenta, es posible que las voces críticas que historicamente se levantaron contra las tendencias seguritarias de la gestión de la movilidad humana, encuentren en experiencias de este tipo una sutil operación a partir de la cual mirar con nuevos ojos los abordajes que desde la seguridad se hacen de los desplazamientos forzados.